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Ulrich Mühe murió en 2007, tras haber rozado una sarcástica gloria. Un año antes había sido encumbrado por su interpretación de un eficaz capitán de la Stasi, la ubicua policía secreta de la República Democrática Alemana, que debía espiar a una pareja de artistas. En el filme, La vida de los otros, el capitán lograba convertir a la espiada en espía del régimen. Una más. La película logró el Oscar y miles de aplausos. Mühe estaba impresionante. Hasta aquí la gloria. ¿Cuál era el sarcasmo? Que la primera esposa del actor había colaborado con la Stasi en el pasado.
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Más de 2,6 millones de alemanes han consultado ya los archivos de la Stasi
En 1989, 174.000 personas trabajaron para la policía secreta de la RDA
Polonia no empezó a ajustar cuentas con su memoria hasta el año 2000
El régimen rumano daba permisos de viaje por colaborar con la Securitate
Lo único bueno de los archivos de la Stasi es que existen. Cualquier alemán tiene derecho a consultar si hay información sobre él y quién la proporcionó. Y vaya si quieren. Más de 2,6 millones de personas han escrutado los fondos para averiguar si fueron espiados y por quiénes desde que se abrieron los archivos del régimen comunista, en 1992. Contra algunos temores apocalípticos, el ansia de saber no iba de la mano del afán de venganza. "No conocemos ni un solo acto violento de una víctima contra su acusador", dijo ayer Helge Heidemeyer, representante del Comisionado Federal de Documentos de la Stasi, en el II Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica, que se celebra en Salamanca.
La Stasi fue puntillosa, obsesiva. Puestos en fila, sus archivos ocuparían 51 kilómetros. En aquel universo cerrado que todo lo oía, la desconfianza se convirtió en un arma de supervivencia. "Enfrentarse al pasado a veces es doloroso y emotivo, pero pone su vida en sus manos. Ahora ya saben quién espiaba y quién no, pueden probar si han sido víctimas de la Stasi y rehabilitar su nombre si no colaboraron", contó Heidemeyer.
Porque Alemania oriental pareció durante unos años un país de espías. Hasta 174.000 personas colaboraron con la policía comunista en 1989, justo antes de la caída del muro de Berlín. Ese mismo año, en Polonia, los "soplones" no llegaban a los 100.000, según datos aportados ayer por Krzysztof Persak, del Instituto Nacional de la Memoria de Polonia.
El encuentro, que organiza por segunda ocasión el Centro Documental de la Memoria Histórica, pone en su sitio a los archivos, un arma incontestable contra la reescritura histórica o la tentación del silencio. Ya lo avisó el poeta Juan Gelman: "Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido". En las oficinas de la Stasi lo hicieron a la carrera destruyendo documentos y grabaciones con cualquier método. "Los quemaron, le echaron agua y también los hicieron trizas con las manos, pero no fueron destruidos por completo", contó Heidemeyer. Son el grupo de los "predestruidos". Ocupan unas 15.500 cajas. Ya han logrado rehacerse 40.000 páginas. Gracias a lo recuperado se ha desenmascarado algún cargo parlamentario que negaba haber colaborado con la policía secreta.
La transparencia del Comisionado Federal de Documentos de la Stasi sirvió de guía para otros países de pasado comunista como Polonia, que comenzó a ajustar cuentas con su historia reciente en 2000, con la creación del Instituto Nacional de la Memoria. "Durante la transición se consideró agitadores a quienes pedían abrir los archivos y se destruyeron muchos documentos", contó Krzysztof Persak, investigador e integrante de la Comisión para la Persecución de Crímenes contra la Nación Polaca.
El Instituto Nacional de la Memoria, además de custodiar 89 kilómetros de archivos de servicios represivos de la era comunista, promueve investigaciones penales y ha acusado a 400 personas por crímenes, torturas o detenciones. "El problema es llevar ante la justicia a los jueces militares que firmaron condenas de muerte, porque se tapan entre ellos", lamentó Persak.
Las deportaciones masivas a la URSS o las limpiezas étnicas contra polacos cometidas por nacionalistas ucranios son algunos de los asuntos que investiga el instituto, cuyo director falleció en el accidente aéreo en el que perecieron numerosas autoridades de Polonia, incluido su presidente Lech Kaczynski, justo cuando viajaban hacia Rusia para participar en un acto de desagravio por la matanza de Katyn. La URSS, responsable de aquella matanza de 22.000 polacos, negó su participación e incluso permitió que el tribunal de Núremberg juzgase por ello a varios oficiales nazis, finalmente, absueltos.
La farsa se destapó en 1990 gracias al presidente Mijaíl Gorbachov, que entregó a su colega polaco Jaruzelski la lista de los fusilados y otros documentos. Las investigaciones iniciadas entonces se cortaron en seco en 2004, bajo el mandato de Putin, cuando se ordenó declarar secreto de Estado 116 de los 183 tomos de la investigación. De nuevo, los organizadores de olvido.
A veces reaparecen sobre terreno ganado. El Tribunal Constitucional de Rumania declaró inconstitucional la ley que desnudaba la represión del régimen de Nicolae Ceausescu. "Contenía veneno", opinó el tribunal. Dragos Petrescu, del Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate, desveló la clave: "Los jueces del Constitucional necesitan tener más de 15 años de experiencia. ¡Habían accedido durante el antiguo régimen!". En Rumania, la colaboración con la Securitate no era obligatoria, pero se incentivaba gracias al chantaje y a las prebendas como la autorización para viajar a Occidente. Lo vital y complejo que resultaba salir del país se aprecia con nitidez en la película Cómo celebré el fin del mundo (2006), en la que un niño de siete años, Lalalilu, planea asesinar al dictador para impedir que su hermana huya de Bucarest en 1989.
